«Formar técnicos no es un negocio cualquiera, es construir el capital humano del país». Con esta declaración de principios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la jornada FP: Un proyecto de país y de futuro, celebrada en la sede del Ministerio de Educación. El evento no fue protocolar; sirvió de plataforma para anunciar un golpe de timón regulatorio que los gestores educativos llevaban meses anticipando: el Gobierno pondrá coto a la apertura indiscriminada de centros de Formación Profesional (FP) privados que no cumplan con estándares de calidad rigurosos.
La medida se articulará a través de un Real Decreto, cuyo borrador saldrá a consulta pública en los próximos dos meses. La estrategia es clara: replicar el «cortafuegos» legal que ya se aplicó en 2021 —y se endureció en 2025— para frenar la multiplicación de universidades privadas de escaso valor académico.
Para los líderes de instituciones educativas, el mensaje es inequívoco: se acabó la era de la expansión desregulada. El Gobierno no rechaza la iniciativa privada, pero advierte, en palabras del propio Sánchez, que «algunas se han convertido en chiringuitos».
El diagnóstico: Crecimiento desordenado y riesgo de burbuja
El contexto que motiva esta decisión es un crecimiento explosivo de la demanda que el sistema público no ha logrado absorber en su totalidad. Desde la llegada del actual equipo de gobierno en 2018, se han creado 400.000 nuevas plazas de FP. Sin embargo, la oferta privada ha crecido «más del doble que la pública», según datos revelados por el presidente.
Esta asimetría ha generado un ecosistema de dos velocidades. Por un lado, centros de excelencia; por otro, instituciones que capitalizan la necesidad de titulación sin ofrecer las prácticas ni el equipamiento técnico necesarios. «El éxito, si no se cuida, puede hacer que el crecimiento se desordene», advirtió Sánchez.
Las cifras respaldan la magnitud del fenómeno: en solo seis cursos, la FP ha sumado 344.073 alumnos (+41%), alcanzando el año pasado un récord de 1.181.272 estudiantes. La ministra de Educación, Milagros Tolón, destacó que la inserción laboral «roza el 90%», lo que convierte a la FP en un imán para inversores. La gestión educativa se enfrenta ahora al desafío de filtrar qué parte de ese crecimiento es sostenible y cuál es meramente especulativo.
La brecha de acceso y el «Código Postal»
La regulación no es solo técnica, sino ideológica y social. Un informe reciente del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) alertaba sobre la barrera de entrada económica: ante la falta de plazas públicas gratuitas, miles de alumnos se ven forzados a pagar matrículas que oscilan entre los 3.000 y 9.000 euros por ciclo.
Esta situación está expulsando a las clases trabajadoras de los itinerarios con mayor empleabilidad. La ministra Tolón fue enfática al respecto: no debe importar «el código postal» para acceder a una formación de calidad. El nuevo decreto buscará, teóricamente, asegurar que quien ofrezca formación privada lo haga con «garantías públicas de calidad», evitando que el alumnado pague precios premium por títulos con bajo reconocimiento en el mercado laboral.
Desigualdad territorial y penetración del mercado
Para los gestores que operan a nivel nacional, el decreto añade una capa de complejidad debido a la disparidad regional. La penetración de la FP privada varía drásticamente según la comunidad autónoma. Los datos presentados revelan diferencias de hasta 35 puntos porcentuales:
- Alta penetración privada: Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%) y Cataluña (35,6%).
- Baja penetración privada: Canarias (9%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).
Este mapa desigual sugiere que el impacto del «decreto anti-chiringuitos» será asimétrico, afectando mucho más a los operadores en plazas como Madrid o Barcelona, donde la competencia es feroz y el modelo de negocio privado está más arraigado.
Centros de Excelencia: La nueva élite educativa
Como contrapunto a la restricción, el Gobierno apuesta por visibilizar las buenas prácticas. Sánchez anunció la creación de 10 nuevos centros de excelencia, que se sumarán a los 75 ya existentes. Estos nodos servirán como «referente de calidad» para el resto del sistema.
Desde la perspectiva de la gestión, obtener la calificación de «Centro de Excelencia» se convertirá en el activo más valioso para cualquier institución, pública o privada, que quiera sobrevivir a la criba regulatoria. Estos centros no solo imparten docencia, sino que lideran la innovación metodológica y tecnológica.
Conflicto político y judicial en el horizonte
La nueva normativa nace con polémica. Al tramitarse como decreto ley, el Gobierno evita el debate en el Congreso, requiriendo solo la aprobación del Consejo de Ministros y la posterior convalidación. Sin embargo, el frente judicial parece inevitable.
Jaime de los Santos, portavoz de Educación del Partido Popular (PP), calificó el anuncio en la red social X como «puro sanchismo» e «hipocresía», argumentando que se demoniza la privada mientras se restringe la libertad de elección de las familias.
Más allá de la retórica, el riesgo operativo para la implementación de la norma reside en los Tribunales. Se prevé que las comunidades autónomas gobernadas por el PP (especialmente Madrid, Extremadura y Aragón) recurran el decreto, alegando invasión de competencias educativas. Este escenario ya se vivió con la reforma universitaria y augura un periodo de inseguridad jurídica para los inversores y gestores que tengan proyectos de apertura en marcha.
El anuncio de febrero de 2026 marca el fin de la «inocencia» en el mercado de la FP española. El Gobierno ha decidido intervenir para evitar que la joya de la corona del sistema educativo —con su 90% de empleabilidad— muera de éxito. Para los directivos, la lección es clara: el modelo de negocio basado exclusivamente en captar demanda insatisfecha sin inversión estructural tiene fecha de caducidad. El futuro pertenece a quienes puedan acreditar calidad, no solo prometerla.