El debate sobre la educación superior en Venezuela suele extraviarse entre dos aguas igualmente estériles que van del lamento nostálgico por la universidad que fue y el entusiasmo panfletario por las “transformaciones” de papel decretadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). La reciente instalación de 12 comisiones para «transformar» el sistema universitario venezolano es una muestra palpable de esta segunda vertiente. Al revisar la agenda de estas instancias, la pregunta que surge no es qué van a cambiar. Creo que lo que están evitando tocar deliberadamente es el fondo del asunto y el desnudar el sistema.
Remontando el río Arauca en las primeras páginas de Doña Bárbara (Gallegos, 2019), el patrono del bongo preguntaba al viento:
«—¿Con quién vamos?».
La respuesta histórica era una invocación a la Providencia divina. Sin embargo, en la Venezuela contemporánea no se puede navegar el futuro fiándolo todo a la fe ni a la retórica gubernamental bajo la protección mundana de Eudomar Santos, el pletórico existencialista de “Por estas calles”, novela de corte socialista de Ibsen Martínez, propia del melodrama social y urbano latinoamericano (Soler Azorín, 2015). Se debe ir con el progreso. Es necesario avanzar con una brújula calibrada para precisar el norte del desarrollo socioindustrial y con un altímetro riguroso para medir, sin autoengaños ideológicos, la profundidad del abismo donde estamos parados. Como advertía y se desprende de Cecilio Acosta, luz da quien luz tiene o como expresó hace más de 100 años: “La luz que más aprovecha a una nación no es la que se concentra, sino la que se difunde.” (Acosta, 2020). En el bongo de la transformación educativa no se puede embarcar a burros cansados ni a consignas vacías. Se requiere el concurso del talento capacitado, de la ciencia aplicada y obviamente, de la visión estratégica.
La primera gran omisión del Estado venezolano radica en la parálisis del marco legal. Seguimos operando bajo una Ley de Universidades promulgada en 1970. Medio siglo después, el marco regulatorio no solo es anacrónico, además funciona como una camisa de fuerza para cualquier intento real de modernización. Las políticas públicas del sector han sustituido la autonomía y la innovación por un centralismo asfixiante que pulverizó el presupuesto académico y consagró un populismo credencialista (Albornoz, 2020). La universidad de primera generación (1GU), volcada de forma exclusiva a la docencia pasiva y a la entrega masiva de títulos sin respaldo competitivo, fue maquillada en el sector público con organizaciones de base e instancias ideologizadas que no aportan valor productivo y distorsionaron el campo académico.
Tenemos entonces que mientras el mundo transita decididamente hacia la Universidad de Tercera Generación (3GU) (Jafarov, 2024), aquella que integra docencia e investigación aplicada con el emprendimiento, la transferencia tecnológica y la solución de problemas reales del entorno, en comunión con los stakehoders, el sistema venezolano permanece entrampado en la retórica de la masificación sin calidad. ¿De qué sirven 12 comisiones ministeriales si ninguna aborda la vinculación directa con el sector productivo privado, la creación de empresas de base tecnológica o la protección de la propiedad intelectual? Desde la perspectiva de las lógicas institucionales (Cai & Mountford, 2022), las universidades necesitan superar la lógica burocrático-estatal coercitiva para construir plataformas híbridas capaces de responder a las demandas socioeconómicas del país.
El divorcio entre el diseño curricular y la realidad nacional resulta escandaloso. Venezuela es hoy una nación signada por la diáspora y la transformación radical de sus estructuras laborales (García-Guadilla, 2021). Los mercados internacionales y los estados del primer mundo exigen cada vez más la acreditación rígida de competencias laborales y el despliegue de microcredenciales flexibles (Soto-Grant, 2026). En lugar de insistir en comunas e instancias políticas inoperantes dentro de los campus, las políticas públicas deberían promover clústeres académicos articulados con stakeholders industriales y empresariales. El currículo debe evolucionar hacia la flexibilidad y la certificación modular, permitiendo que la fuerza de trabajo valide sus saberes en un mercado globalizado.
Esta desconexión se evidencia con crudeza en el desprecio histórico hacia la formación técnica y tecnológica. Existe un estigma absurdo en la cultura venezolana que asume que la única ruta de realización personal pasa por colgar un diploma universitario en la pared de un escritorio. Las consecuencias de esta distorsión son trágicas. Si te das un paseo por las calles de Caracas, Barinas o Punto Fijo te fijarás que tenemos una sobre calificación inútil de profesionales desempleados o subempleados conduciendo vehículos de plataformas de transporte o gestionando ventas informales en línea, y en la acera del frente el poco tejido industrial adolece de un déficit crítico de mecánicos de precisión, técnicos en automatización, instrumentistas y soldadores cualificados, entre otros. En una economía en ruinas, los recursos públicos deben asignarse a donde realmente se necesitan. Países como Alemania o Estados Unidos invierten de forma masiva en la educación técnica y la formación dual, cubriendo más del 80% de sus puestos laborales mediante la articulación entre la secundaria, la educación superior tecnológica y la empresa (Abalo Paulos et al., 2025). Venezuela debe restaurar la lógica operativa original del INCE, desmantelando la derivación ideologizada del INCES, para volver a capacitar a la fuerza laboral que requiere la matriz de exportación e importación nacional.
En materia de evaluación, Venezuela es una isla desierta. América Latina viene consolidando modelos de acreditación rigurosos como la CONEAU en Argentina, la CNA en Colombia o el CACES en Ecuador y Europa aplica los estándares tipo ANECA, el sistema venezolano carece de instancias independientes que midan la calidad académica, el impacto de la investigación o la tasa de inserción laboral (UNESCO-IESALC, 2022). Por otra parte, necesitamos un Sistema Nacional de Inteligencia Organizacional con subsistemas territoriales que auditen en tiempo real la pertinencia de las carreras y la eficiencia del gasto público.
Ahora toca poner el dedo allí donde duele, la principal fuente de complejidad en cualquier proceso de reingeniería es la gente. Debemos plantearnos con absoluta honestidad si hoy contamos con el cuerpo docente preparado, comprometido y con la voluntad requerida para acometer semejante tarea. La realidad es amarga y debe ayudar a poner los pies en la tierra. Más allá de la nostalgia romanticona, el sistema marcha detrás de la carreta y basta simplemente escarbar sobre lo que implica la internacionalización (Gacel-Ávila et al., 2024) para que se nos erice la piel con base en todo lo que está por hacerse, en contra del endogenismo ramplón. Un cambio estructural genuino va a desnudar las miserias, incompetencias y dogmas instalados tras décadas de deterioro.
Apoyándonos en la teoría de sistemas autorreferenciales de Niklas Luhmann (2021), un sistema social se degrada cuando permite que la lógica política contamine su código interno. La universidad debe clausurarse operativamente frente a la injerencia partidista y guiarse exclusivamente por el código de la verdad y la excelencia científico-académica, trasparente y auditable. La reingeniería necesaria implica quitarse la grasa burocrática, filtrar los elementos parasitarios y conservar únicamente a quienes poseen la solvencia para levantar al país. Lo que represente una carga muerta para el sistema debe salir. La reconstrucción de Venezuela no admite más complacencias.
Referencias
Abalo Paulos, J.-M., García-Fuentes, O., Raposo-Rivas, M., & Sarceda-Gorgoso, M. C. (2025). Screening of the Impact of Dual Training in the Spanish University Press: A Documentary Review. Journalism and Media, 6(4), 191. https://doi.org/10.3390/journalmedia6040191
Acosta, C. (2020). Cosas sabidas y cosas que deben saberse y otros ensayos pedagógicos. Biblioteca Ayacucho. (Obra original publicada en 1856).
Albornoz, O. (2020). La universidad latinoamericana en la era del conocimiento: De la masificación al colapso estructural. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 11(30), 3-24. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.582
Cai, Y. & Mountford, N. (2022). Institutional logics and the role of colleges in regional innovation ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 174, Article 121290. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121290
Gacel-Ávila, J., Villalón-de-la-Isla, E.M. y Vázquez-Niño, G. (2024). La internacionalización de la educación superior en América Latina: Una visión comparada intrarregional. Revista Educación Superior y Sociedad, 36(1), 310-334. DOI:10.54674/ess.v36i1.912
Gallegos, R. (2019). Doña Bárbara. Editorial Cátedra. (Obra original publicada en 1929).
García-Guadilla, C. (2021). Universidad, crisis y diáspora: El éxodo del talento académico venezolano y sus efectos regionales. Educación Superior y Sociedad, 33(1), 89-114. https://doi.org/10.54674/ess.v33i1.350
Jafarov, S. (2024). Education Policy of 3rd Generation Universities. Revista De Gestão Social E Ambiental, 18(6), e05690. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-007
Luhmann, N. (2021). El sistema educativo: Problemas de reflexión (2ª ed.). Universidad Iberoamericana.
Soler Azorín, L. (2015). Teoría y evolución de la telenovela latinoamericana [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). https://hdl.handle.net/10045/51772
Soto-Grant, A. (2026). Microcredenciales en educación superior: dimensiones y tensiones en la construcción de marcos institucionales. Una revisión integrativa de la literatura. Revista Iberoamericana De Educación, 101(1), 125–143. https://doi.org/10.35362/rie10117356
UNESCO-IESALC. (2022). Aseguramiento de la calidad y acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe: Estudio comparativo. UNESCO-IESALC.