La desinstitucionalización constituye, en la actualidad, uno de los principales retos de los sistemas de protección a la infancia en el marco europeo. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos familiares y comunitarios no es únicamente un imperativo derivado de los marcos internacionales de derechos humanos, sino un factor determinante en sus trayectorias educativas y vitales. Sin embargo, la brecha entre la voluntad política y la ejecución presupuestaria en España evidencia una realidad preocupante para los gestores y decisores del ámbito socioeducativo.
Así lo desvela el reciente informe “¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización”, presentado este miércoles en Madrid por la Plataforma de Infancia. A través de un minucioso análisis de la contratación pública autonómica adjudicada o prorrogada entre 2024 y 2025 , el estudio demuestra que el modelo de intervención predominante sigue estando fuertemente anclado en la institucionalización.
La radiografía de la inversión: una balanza desequilibrada
Mediante una herramienta de extracción automatizada desarrollada por la organización Political Watch , se han analizado 516,4 millones de euros destinados al sistema de protección a la infancia. El desglose de esta cifra ilustra el corazón del problema: el 82,3% del presupuesto se destina al acogimiento residencial , mientras que el acogimiento familiar apenas recibe el 9,2%. La inversión en prevención, clave para evitar la separación familiar desde edades tempranas y fundamental desde la perspectiva de la intervención socioeducativa, se estanca en un exiguo 4,4%.
“Esta distribución evidencia una inercia a confiar el cuidado de niñas, niños y adolescentes a centros residenciales, lo que dificulta el avance hacia modelos más familiares y comunitarios”, ha señalado Leire Olmeda, experta en datos de la Plataforma de Infancia, durante la presentación. Esta inercia choca frontalmente con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030), la cual sitúa el cambio de modelo como una absoluta prioridad. Actualmente, el porcentaje de infancia protegida en familias se sitúa en torno al 51%, muy lejos del objetivo del 70% fijado para el año 2030.
En el ámbito de la gestión de políticas públicas, la forma en que se financian y organizan los servicios condiciona directamente las respuestas del sistema. La contratación pública ejerce de palanca estructural que configura el modelo de atención. Cuando los recursos se asignan predominantemente a plazas residenciales, se perpetúa un modelo que dificulta el pleno desarrollo educativo y emocional de los menores.
Opacidad y déficits en la gestión estratégica
El análisis también arroja luz sobre las deficiencias metodológicas y estratégicas en la contratación pública. Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch, ha destacado que la información, aunque pública, «no es lo suficientemente accesible ni está completamente centralizada». De hecho, herramientas de Inteligencia Artificial y tecnología RAG (Generación Aumentada por Recuperación) han sido necesarias para extraer y estructurar el contenido de los pliegos. Siete comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra) no publican directamente sus datos en el portal estatal, lo que fragmenta el análisis y dificulta la rendición de cuentas institucional.
A esta opacidad se suma una alarmante falta de planificación estructural. El estudio ha detectado que 155,9 millones de euros se han adjudicado mediante tramitación de urgencia o emergencia. El uso recurrente de la vía de emergencia sugiere graves déficits en la previsión de las administraciones. Desde la óptica de la gestión educativa, los proyectos que nacen de licitaciones de emergencia carecen frecuentemente de la estabilidad y el horizonte a largo plazo necesarios para establecer vínculos pedagógicos sólidos.
Asimismo, la falta de concurrencia competitiva es notable. En el conjunto del país, la proporción de contratos a los que únicamente concurre una sola entidad (empresa o asociación) alcanza el 57,3%. Este porcentaje no solo duplica la media de la Unión Europea (29%) , sino que supone un riesgo evidente para la calidad de los servicios prestados a los menores, reduciendo la capacidad de la administración para exigir proyectos técnicos y educativos de excelencia.
El impacto en la infancia migrante: una institucionalización casi total
Uno de los hallazgos más contundentes del informe afecta a la infancia migrante no acompañada. De los 132,5 millones de euros adjudicados con referencia explícita a este colectivo, el 99,1% está destinado de manera exclusiva al acogimiento residencial.
Este dato revela que, a nivel estructural, la atención a menores migrantes está profundamente desvinculada de las redes comunitarias y de las medidas de acogimiento familiar. Esto genera una concentración e institucionalización intensiva que plantea severos retos desde la perspectiva de los derechos humanos y la inclusión educativa. Como advierten desde la Plataforma de Infancia, que existan distintas vías de protección dependiendo del origen del menor apunta a una forma de discriminación institucional que impacta severamente en las posibilidades de integración escolar y social de estos adolescentes.
Hacia un cambio de paradigma en la gobernanza socioeducativa
Los hallazgos de este documento deben servir de alerta para gestores, legisladores y profesionales del ámbito socioeducativo. Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, ha subrayado que «solo un cambio estructural en el uso de los recursos públicos permitirá avanzar de forma efectiva».
Es imperativo redirigir las partidas presupuestarias hacia el fortalecimiento de los modelos familiares y comunitarios, así como hacia la prevención temprana. Además, los fondos europeos —que suponen un 17% del importe analizado — deberían actuar como palanca para transformar la infraestructura actual hacia entornos más reducidos y asimilables a un hogar, en lugar de consolidar macrorresidencias. La innovación en el sector no debe limitarse a herramientas tecnológicas, sino traducirse en una gobernanza inteligente, transparente y centrada verdaderamente en el interés superior del menor.