La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial para llevar claridad a la comunidad educativa ante la reciente promulgación del decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el decreto 2417/93. Esta normativa nacional desregulaba ciertos aspectos de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada.
La regulación bonaerense sigue vigente en colegios con subsidio estatal
La principal precisión de la DGCyE se centra en la vasta mayoría de las instituciones privadas de la provincia. La dirección general subraya que la derogación del decreto nacional no modifica la situación de las instituciones educativas privadas que reciben aporte estatal.
- Alcance: Estos establecimientos, que constituyen más del 70% del sector de gestión privada en la provincia de buenos aires, continuarán operando bajo la regulación provincial.
- Topes y control: De acuerdo con la normativa bonaerense vigente, estos colegios seguirán sujetos a topes arancelarios y a la supervisión y autorización previa de la dirección general de cultura y educación para cualquier tipo de incremento en sus cuotas o matrículas.
La DGCyE ratifica así su rol de organismo de control, asegurando que el subsidio estatal —destinado a garantizar la accesibilidad y el derecho a la educación— mantendrá su función reguladora sobre los precios.
La desregulación solo alcanza a colegios sin aporte estatal
El decreto nacional 787/2025 sí tiene un impacto directo en el sector minoritario de instituciones que operan sin aporte estatal.
- Exención de informar: Para estos colegios, el nuevo decreto los exime de la obligación anterior de informar anualmente a las autoridades provinciales y a las familias, con anticipación (hacia el mes de octubre), el monto de la matrícula, aranceles y cantidad de cuotas que regirían el ciclo lectivo siguiente.
- Contexto de cambio: Esto significa que las instituciones sin subsidio podrán definir sus políticas de precios y compensaciones con mayor libertad, sin el requerimiento de informar previamente al estado nacional, en línea con la política de desregulación económica general.
En conclusión, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires enfatiza que, a pesar de la modificación de la normativa federal, el control provincial sobre los aranceles de los colegios con subsidio estatal sigue siendo total. La DGCyE reitera que toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales, brindando así un marco de continuidad y previsibilidad para la mayoría de las familias bonaerenses.