En un escenario dinámico donde las políticas educativas demandan respuestas concretas y una articulación eficiente con las comunidades locales, la gestión territorial se consolida como un eje clave para el fortalecimiento de la escuela pública.
En esta oportunidad, Gestión Educativa dialoga con Martín Gamarra, referente político y educativo del distrito de San Miguel (Buenos Aires), quien se desempeñó como Consejero Escolar durante el período 2020–2025.
Con una trayectoria construida desde el trabajo de campo en la gestión pública local y actualmente profundizando su perfil académico en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján, Gamarra analiza los desafíos del financiamiento, la importancia de la transparencia en la ejecución de recursos y la necesidad de impulsar liderazgos situados y participativos para transformar la realidad de nuestras instituciones.
Usted fue Consejero Escolar durante cinco años. ¿Cómo definiría ese rol en el entramado de la política educativa y qué implicancias tiene en la gestión territorial?
Es un cargo político electo por el voto popular. Por lo tanto, implica una enorme responsabilidad: honrar esa confianza otorgada por la ciudadanía construyendo una relación de cercanía real entre el Estado —a través del Consejo Escolar— y cada
institución educativa del distrito.
Es la política educativa en su dimensión puramente territorial. Implica la corresponsabilidad de promover acciones que garanticen el desarrollo del acto educativo en las mejores condiciones posibles, optimizando los recursos del Estado. Se trata de gestionar esa dimensión de la educación que no suele verse en los discursos abstractos: edificios con obras postergadas, partidas que no se aplican de forma planificada y equipos directivos que deben resolver lo cotidiano con recursos muy acotados. Ese contacto directo con la realidad territorial transforma de fondo la mirada sobre la política pública.
¿Cómo analiza el escenario actual respecto a la discusión sobre el financiamiento educativo que se viene dando desde las políticas del gobierno nacional?
Atravesamos un momento de inflexión crucial. La desregulación y la eliminación de los pisos mínimos de inversión por parte del Gobierno nacional —herramientas clave para asegurar la previsibilidad presupuestaria de las provincias— afectan directamente las
finanzas provinciales. Sin embargo, esta situación no ha frenado el compromiso del gobierno provincial, que ha mantenido como prioridad constante el fortalecimiento y la apuesta por una educación de calidad.
Está claro que reducir el análisis únicamente a la discusión macroeconómica es un error de diagnóstico. El financiamiento educativo no solo depende de la masa de recursos que se transfiere, sino de la eficiencia, la equidad y la transparencia con la
que esos recursos se ejecutan en los municipios. Hay una parte central de esta problemática que no depende de Nación ni de Provincia, sino de la gestión local.
Desde su experiencia territorial, ¿puede ampliar por qué señala con énfasis la responsabilidad de la gestión municipal en esta área?
En primer lugar, desde la vivencia cotidiana en San Miguel, puedo decir que el municipio constituye la primera institución responsable de cuidar las escuelas del distrito, donde desarrollan sus tareas e inquietudes nuestros vecinos. En segundo
término, y reiterando la perspectiva territorial, el gobierno local debe articular de manera obligatoria con el Consejo Escolar y la comunidad educativa para fijar colectivamente prioridades y criterios de planificación.
La descentralización de recursos exige correspondencia en términos de rendición de cuentas. Un ejemplo claro es la administración de los recursos que provienen del Fondo educativo nacional destinados a infraestructura escolar. En San Miguel vengo observando un patrón preocupante: falta de visibilidad en la trazabilidad de esos recursos y discrecionalidad en la asignación de las obras. Como Consejero Escolar lo viví de cerca: la comunidad educativa se pregunta constantemente en qué se invirtió, con qué criterio se prioriza una escuela sobre otra o por qué una obra quedó a mitad de camino. Respuestas que casi nunca llegan. Cuando la información no es pública ni accesible, no solo se resiente la infraestructura: se erosiona la confianza institucional.
Frente a este diagnóstico, ¿cuál es el rol que debe asumir la comunidad en la construcción de la agenda pública y la búsqueda de soluciones?
Un rol protagónico y propositivo. Ahí quiero ser bien claro: no alcanza con cuestionar desde afuera. El cambio en la política educativa no se agota en la crítica; se construye articulando las capacidades del territorio. Las familias, docentes, directivos y vecinos deben participar activamente en la elaboración de propuestas superadoras. Nadie conoce mejor los problemas de cada escuela que quienes la habitan a diario, y las mejores respuestas nacen de esa escucha atenta, no de un escritorio.
Por eso sostengo que es importante fortalecer los espacios de trabajo colaborativo donde confluyen y se generan los consensos tendientes a articular las demandas cotidianas de las aulas con una visión política clara sobre la gestión del Estado.
Para finalizar, ¿qué mensaje le transmite a la comunidad educativa de su distrito?
Me parece importante destacar que la gestión territorial requiere liderazgos situados, transparentes y participativos. Por lo tanto la educación pública debe estar al margen del cálculo electoral, la improvisación y la opacidad. Por ello, quienes la sostenemos
día a día —docentes, comunidades y referentes guiados por la vocación de servicio— asumimos el compromiso de convertir cada diagnóstico en acción política. Invito a todos a involucrarse para construir y liderar, de forma conjunta, esta agenda de futuro
para nuestras escuelas.