Hablar de suicidio adolescente no es sencillo. Mucho menos cuando quienes toman la palabra lo hacen desde lugares tan diferentes: una madre que perdió a su hija, profesionales de la salud, especialistas en suicidología, representantes de organizaciones de la sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, hubo una coincidencia que atravesó el encuentro realizado en la Legislatura: la prevención no puede quedar limitada al consultorio ni depender de la voluntad individual de quienes circunstancialmente ocupan un determinado lugar.
Desde Gestión Educativa compartimos la jornada y, desde mi doble condición de profesional de la educación y miembro de GlobalPsy, participé del encuentro con el propósito de escuchar a especialistas y aportar una mirada específicamente educativa sobre la prevención.
La diputada provincial María Ángel Sotolano, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados bonaerense, fue quien convocó y moderó la mesa de debate sobre prevención del suicidio adolescente, colocando una problemática especialmente sensible en un espacio de discusión pública. Su intervención inicial tuvo un punto de partida concreto: hablar de aquello que durante mucho tiempo permaneció fuera de la agenda. Sotolano relató que viene siguiendo la problemática desde 2021 y que, durante los últimos años, comenzó a advertir con mayor claridad la necesidad de generar respuestas. Este interés en la sensible temática le permitió plantear una idea que atravesaría posteriormente todo el encuentro: la prevención no implica solamente trabajar con quien está atravesando una situación de riesgo. También requiere formar y acompañar a quienes reciben ese pedido de ayuda.
“Es importante también formarnos nosotros”, señaló al cerrar su intervención.
Y quizás allí esté una de las claves para pensar el debate desde la educación. Porque una escuela también puede ser ese lugar al que un adolescente, una familia o incluso un docente se acerque para decir: “No sé qué hacer. Necesito ayuda.”
La mesa reunió diferentes perspectivas: Graciela Salazar, mamá de Denise y referente en prevención desde su experiencia como familiar; Cynthia Castañeda, psicóloga clínica especializada en prevención y contención del suicidio, duelo y trauma y directora de Empesares; el Dr. Juan José Fernández, médico pediatra y especialista vinculado con psiquiatría infanto-juvenil y suicidología y el Dr. Hernán Alessandria, psiquiatra, investigador y referente en prevención del suicidio y formación de formadores.
Desde el ámbito legislativo nacional, la diputada Antonela Giampieri aportó una mirada centrada en la necesidad de revisar y actualizar las herramientas normativas frente a los cambios que atraviesan las adolescencias y la salud mental. En su intervención destacó la importancia de articular escuela, sistema de salud, familias y comunidad, fortalecer la detección temprana y generar espacios estables donde los adolescentes puedan expresar lo que les sucede. También planteó la necesidad de una comunicación responsable sobre el suicidio y de acercar las herramientas de prevención a los espacios donde efectivamente transcurre la vida cotidiana de los jóvenes.
La discusión puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los recursos destinados a salud mental, revisar políticas y marcos normativos y construir respuestas sostenidas. Pero, desde una mirada educativa, hubo una pregunta que merece detenerse especialmente:
¿Qué lugar ocupa la escuela en esa red de prevención?
Del evento aislado a la capacidad instalada
Una de las intervenciones que más interpeló al ámbito educativo fue la de Hernán Alessandria, quien planteó una diferencia fundamental entre haber llegado a una institución y haber dejado capacidad instalada en ella.
Una escuela puede haber recibido una charla. Puede haber participado de una jornada. Puede incluso haber trabajado alguna vez sobre salud mental.
Pero la pregunta es otra:
¿Qué sucederá mañana si un estudiante necesita ayuda?
¿Hay un adulto formado?
¿Sabe qué hacer?
¿Sabe a quién recurrir?
¿Existe un circuito claro?
¿La institución sabe cómo articular con el sistema de salud?
Alessandria sintetizó este desafío a través de la figura de los “guardianes de la vida”: personas formadas para reconocer señales, escuchar, preguntar y conectar a quien necesita ayuda con los profesionales correspondientes. No se trata de convertir a los docentes en psicólogos o psiquiatras. Se trata de que la escuela no quede paralizada frente a una situación que excede sus posibilidades. La diferencia parece sutil, pero es enorme.
La escuela no puede depender de que “justo” haya alguien que sepa
La directora de Empesares también puso el foco en la escuela al abordar la postvención, es decir, las intervenciones posteriores a una muerte por suicidio. Su planteo fue contundente: la escuela es fundamental, pero no podemos depender de que en ella haya “justo” un directivo al que le interese particularmente el tema. La afirmación abre una discusión central sobre gestión institucional.
Las políticas de cuidado no pueden depender de héroes individuales.
Necesitan protocolos, formación, referentes, circuitos de actuación y articulación con otros organismos. Esto no significa burocratizar el cuidado. Significa institucionalizarlo. La propia Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 establece un abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional y contempla la capacitación sistemática y permanente de trabajadores de salud y educación. También incluye la posvención y el desarrollo de programas de capacitación para responsables de ámbitos educativos.
Por eso, una de las preguntas que dejó el encuentro no es solamente qué nuevas políticas necesitamos, sino también:
¿Cuánto de lo que ya está establecido logra efectivamente llegar a las instituciones?
“Hay que enseñar a pedir ayuda”
Otro de los conceptos que atravesó la jornada fue la necesidad de enseñar algo que solemos dar por supuesto: cómo pedir ayuda. El Dr. Juan José Fernández señaló que muchas veces decimos a los adolescentes que tienen que pedir ayuda, pero no necesariamente les enseñamos a quién acudir, cómo hacerlo o qué alternativas existen cuando la primera persona a la que recurren no puede responder. Desde la escuela, esta cuestión adquiere una dimensión pedagógica:
Educar en salud mental no significa diagnosticar.
No significa evaluar clínicamente a los estudiantes.
No significa que un docente deba asumir funciones que corresponden a profesionales especializados.
Significa, entre otras cosas, generar alfabetización socioemocional, construir vínculos de confianza, enseñar a reconocer y expresar estados emocionales, trabajar sobre la posibilidad de pedir ayuda y hacer visible la existencia de redes de cuidado. Y, fundamentalmente, enseñar que pedir ayuda no es fracasar.
Prevenir antes de que aparezca la crisis
Esta perspectiva permite recuperar una dimensión que desde la educación conocemos bien: la prevención comienza mucho antes de la emergencia. Las habilidades socioemocionales no pueden presentarse como una herramienta que “evita” por sí sola el suicidio. Sería una simplificación peligrosa. Pero sí pueden formar parte de una cultura institucional que favorezca recursos personales y sociales: autoconocimiento, autorregulación, vínculos, conciencia social, toma de decisiones y capacidad para pedir ayuda.
En este sentido, los marcos de Aprendizaje Social y Emocional, como el desarrollado por CASEL, ofrecen un lenguaje educativo para trabajar estas competencias de manera sistemática. La clave está en no confundir niveles de intervención.
La escuela educa, acompaña, detecta señales, sostiene vínculos y activa redes. El sistema de salud interviene desde su especificidad profesional. La prevención necesita que ambos mundos puedan encontrarse.
La familia también necesita ser cuidada
Uno de los testimonios más conmovedores de la jornada fue el de Graciela, madre de Denise.
Su relato no estuvo centrado solamente en la experiencia de su hija, sino también en lo que significa acompañar a una persona atravesando un profundo sufrimiento: los tratamientos, las internaciones, las dudas, los costos económicos, el desgaste emocional y la sensación de no saber qué hacer. Una de sus frases sintetizó una dimensión que muchas veces queda fuera de las políticas de cuidado:
“Quien acompaña también necesita que lo vean, necesita cuidar.”
La prevención, entonces, no puede pensar únicamente en la persona que atraviesa una situación de riesgo. También debe mirar a las familias, los compañeros, los docentes, los equipos directivos y las comunidades afectadas.
Después de una muerte también hay que intervenir
La postvención ocupó un lugar relevante durante el encuentro. Cuando un adolescente muere por suicidio, la situación no termina para su comunidad. Quedan compañeros con preguntas, docentes atravesados por culpa o miedo, familias que necesitan orientación y una institución que debe decidir cómo comunicar, acompañar y responder. Por eso, se planteó la necesidad de contar con protocolos que eviten dos extremos igualmente problemáticos: el silencio absoluto y la sobreexposición.
La Ley 27.130 reconoce expresamente la posvención como parte de la política de prevención y establece que, ante un suicidio de niñas, niños o adolescentes, deben contemplarse las redes sociales y afectivas cercanas, entre ellas la escuela, el barrio y el club.
Esto vuelve a colocar a la institución educativa en un lugar concreto: no como responsable de resolver aquello que no puede resolver, sino como parte de una red que debe saber cómo actuar.
De la sensibilización a la política pública
Quizás uno de los mayores aportes del debate haya sido correr la discusión de la lógica de las acciones aisladas.
Una charla puede sensibilizar.
Una campaña puede instalar un tema.
Una capacitación puede brindar herramientas.
Pero una política pública requiere algo más: continuidad, responsables, recursos, registro, evaluación y capacidad de sostenerse en el tiempo.
Alessandria lo sintetizó al diferenciar entre cantidad de personas capacitadas y capacidad instalada. No es lo mismo saber que participaron miles de personas de una jornada que poder responder preguntas como:
¿Cuántas escuelas tienen hoy un referente formado?
¿Cuántas cuentan con un circuito claro?
¿Cuánto demora una respuesta?
¿Qué sucede después?
¿Se sostiene la formación?
Son preguntas de gestión. Y justamente por eso también son preguntas educativas.
Una escuela preparada no es una escuela que diagnostica
Como Licenciada en Gestión Educativa, considero que este es uno de los puntos que más debemos cuidar. No necesitamos transformar la escuela en un consultorio. Necesitamos fortalecer su capacidad institucional para cuidar.
Eso implica formar a los adultos, construir espacios de escucha, trabajar habilidades socioemocionales, fortalecer la pertenencia, establecer circuitos claros de actuación, articular con las familias y con el sistema de salud y garantizar que los equipos sepan cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus límites.
La Ley Nacional de Prevención del Suicidio ya contempla la capacitación de los trabajadores de la educación y el desarrollo de habilidades en los equipos institucionales. La pregunta que queda abierta es cómo transformar ese marco en capacidad real y cotidiana dentro de cada escuela.
La prevención también se construye todos los días
El debate legislativo dejó reclamos vinculados con presupuesto, atención oportuna, formación, legislación y articulación entre sectores. Pero también dejó algo que trasciende cualquier jornada puntual: la prevención no puede comenzar cuando aparece una crisis. Se construye mucho antes. En la posibilidad de que un adolescente tenga un adulto significativo al cual recurrir.
En una escuela donde pedir ayuda no sea vivido como una debilidad.
En docentes que sepan escuchar sin asumir funciones clínicas.
En familias que no queden solas frente al sufrimiento.
En instituciones que tengan protocolos y redes.
En comunidades capaces de reconocer que cuidar la salud mental también es una responsabilidad colectiva.
Y, finalmente, en políticas públicas capaces de sostener todo eso cuando cambian las personas, los gobiernos o las agendas.
Porque una de las frases más fuertes que dejó el encuentro puede funcionar también como una pregunta para todo el sistema educativo:
¿Qué pasa si mañana un adolescente necesita ayuda?
La respuesta no debería depender de quién esté ese día detrás de un escritorio.
Debería estar construida dentro de la institución.