La gobernanza de los sistemas educativos se encuentra atravesada por una tensión constante: cómo equilibrar la mejora continua de los aprendizajes y la profesionalización del talento humano con la eficiencia en la administración de los recursos del Estado. En este complejo tablero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acaba de mover una pieza normativa que reconfigurará de manera sustancial la dinámica interna de sus escuelas públicas y el futuro del liderazgo institucional.
A través de la publicación del Decreto N.º 256/26 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo porteño oficializó la sustitución del Anexo I del Decreto 611/86, reglamentario de la Ordenanza 40.593/85, actualizando de este modo el Estatuto del Docente Municipal. La medida, dictada en el marco del «2026-Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2027. Según consta en la norma, el objetivo primordial es adecuar los procedimientos para garantizar herramientas de gestión acordes a principios de eficiencia, promover la continuidad pedagógica y fortalecer el servicio educativo. Para ello, el Ministerio de Educación cuenta con un periodo de transición que le permitirá adoptar las medidas preparatorias necesarias.
La visión oficial: abatir la rotación y atar el mérito al presentismo
Desde la perspectiva del gobierno liderado por Jorge Macri y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el sistema padecía un problema estructural que dificultaba la planificación a largo plazo: la alta rotación de los maestros. Según la información difundida en el portal oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un 20% de los docentes cambia de escuela cada año, lo que interrumpe los procesos de aprendizaje.
Para contrarrestar esta fragmentación, la reforma introduce exigencias de permanencia. Para solicitar un traslado, el docente deberá acreditar una antigüedad mínima de dos años como titular en el establecimiento. En paralelo, quienes ya posean al menos doce meses de antigüedad en una escuela tendrán prioridad para acceder a cargos dentro de la misma, buscando afianzar la continuidad pedagógica.
Sin embargo, el núcleo de la reforma radica en la reformulación de la evaluación de desempeño y el régimen de licencias. El portal oficial subraya que, históricamente, más del 90% de los docentes obtenían la calificación de «Sobresaliente», lo que impedía distinguir desempeños. Con la nueva grilla digital, la asistencia se vuelve un filtro excluyente: para alcanzar las calificaciones más altas («Muy bueno» o «Sobresaliente»), será obligatorio acreditar un 90% de presentismo. Además, se ajustan las licencias: las ausencias por razones particulares se limitan a seis anuales computadas por docente (ya no por cargo), y las licencias por examen se reducen a tres días hábiles.
El nuevo esquema para acceder a los cargos directivos
Dentro de este nuevo ecosistema normativo, el camino para ascender y asumir roles de conducción escolar experimenta un rediseño radical que los decisores y aspirantes deben observar con detenimiento.
Históricamente, en el entramado educativo latinoamericano, la antigüedad ha operado como el factor determinante para el ascenso. El nuevo Estatuto busca alterar esta inercia. Según la comunicación oficial de la Ciudad, se le restará peso específico al mero paso del tiempo para otorgarle mayor preponderancia a la formación continua, valorando especialmente los posgrados, maestrías y doctorados en la acumulación de puntaje para los concursos directivos.
No obstante, esta profesionalización del perfil directivo se encuentra supeditada al nuevo régimen de evaluación y asistencia. Dado que para concursar por ascensos se requiere de altas calificaciones anuales, un docente con excelente formación de posgrado pero que no alcance el 90% de presencialidad verá bloqueado su ascenso. Adicionalmente, y como un punto de fuerte impacto para la gestión temporal de las escuelas, la nueva normativa impone un límite temporal estricto a las licencias por cargos de mayor jerarquía.
Las críticas y el impacto sociolaboral: el «lado B» de la reforma
Frente a la narrativa gubernamental de ordenamiento y eficiencia, la implementación del decreto ha desatado un profundo rechazo entre sindicatos y referentes legislativos, quienes denuncian la vulneración de derechos adquiridos.
Un artículo publicado por el medio Tiempo Argentino expone las principales objeciones, comenzando por la vía elegida para la reforma: un decreto del Poder Ejecutivo que eludió el debate en la Legislatura porteña. Legisladoras como Maru Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, advirtieron que los cambios en el Estatuto deberían votarse parlamentariamente, señalando además que la reforma elimina el puntaje por permanencia previa y por publicaciones. Por su parte, el diputado Matías Barroetaveña, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, subrayó en Tiempo Argentino que la nueva reglamentación acorta licencias clave y, más grave aún, pone en riesgo la estabilidad laboral, abriendo la puerta a cesantías sin sumario previo por acumulación de bajas calificaciones.
Desde el plano sindical y de gestión del talento humano, la objeción más profunda atraviesa la perspectiva de género y el bienestar laboral. Carolina Brandaris, titular de la Corriente de Trabajadores de la Educación (CTE), explicó al mismo medio que la barrera del 90% de presentismo perjudica de manera directa a las docentes que son madres o jefas de hogar. Al tener que tomar licencias por cuidado de familiares enfermos, sus calificaciones bajarán, excluyéndolas automáticamente de la carrera de ascenso directivo. En la misma línea, Federico Puy, dirigente de ADEMYS, calificó la medida como un «chantaje» que presiona a los trabajadores a asistir enfermos a las aulas para no arruinar su trayectoria, transformando la evaluación en una herramienta punitiva.
Implicancias estratégicas para los equipos de conducción
Para los actuales directores y supervisores, esta reforma representa un desafío micropolítico de alta complejidad. El texto legal estipula que la actualización busca dotar al sistema de «mayor claridad» y «optimizar los mecanismos de organización». En la práctica, esto significa que el director escolar pasará de ser un líder exclusivamente pedagógico a un ejecutor de métricas administrativas más rígidas.
El directivo será el encargado de aplicar la nueva evaluación digital, viéndose en la encrucijada de bajar la calificación a docentes valiosos por el simple hecho de haber superado el 10% de inasistencias legales. Esto amenaza con erosionar el clima institucional y el vínculo de confianza entre la conducción y el plantel. Al mismo tiempo, el límite a la rotación docente les brindará a los directores un escenario de mayor previsibilidad a mediano plazo, permitiendo proyectar la innovación pedagógica con equipos que, obligatoriamente, permanecerán más tiempo en la escuela. El verdadero reto del liderazgo para los próximos años será transformar esa permanencia impuesta por decreto en un genuino compromiso institucional.