La crisis educativa en Madrid: lecciones de gestión ante la inestabilidad política y el recambio de liderazgos
La sorpresiva destitución del consejero Emilio Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo exponen las tensiones entre las agendas partidarias y la planificación estratégica en la administración de los sistemas educativos.
La gobernanza de los sistemas educativos requiere, por su propia naturaleza, una visión a largo plazo que permita la consolidación de proyectos pedagógicos y la correcta asignación de recursos. Sin embargo, los recientes acontecimientos en la Comunidad de Madrid, marcados por una profunda reestructuración en la Consejería de Educación a mediados de febrero de 2026, demuestran cómo la volatilidad política puede desestabilizar la gestión técnica de todo un ecosistema formativo.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ejecutado un cese fulminante del consejero de Educación, Emilio Viciana, tras menos de un año en el cargo. Su lugar ha sido ocupado por Mercedes Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. Lejos de ser un relevo aislado, la medida ha desencadenado una crisis de gobierno que ha barrido con gran parte de la cúpula directiva, incluyendo a los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, además de provocar la dimisión en bloque de varios diputados del Partido Popular vinculados a la administración saliente.
El quiebre de la continuidad institucional
Para los gestores y líderes educativos, el impacto de estas decisiones trasciende la crónica política. Cuando la superestructura de un ministerio o consejería es decapitada abruptamente, se produce una inevitable parálisis en la cadena de mando administrativa.
Las licitaciones en curso, la implementación de adaptaciones curriculares, las negociaciones sindicales y los proyectos de infraestructura en educación secundaria quedan suspendidos a la espera de que los nuevos equipos asuman, diagnostiquen y marquen sus propias directrices. En este escenario, la declaración de la presidenta Ayuso durante el tenso debate en la Asamblea de Madrid el 19 de febrero —justificando que «si iba mal en educación, doy un cambio»— subraya una lógica de gestión basada en la intervención rápida, pero que colisiona con los tiempos pausados que exige la implementación de cualquier política educativa efectiva.
El giro estratégico en Educación Superior: De la normativa a la tesorería
Una de las implicancias más notorias de este recambio para la gestión macroeducativa es el drástico cambio de rumbo en las políticas universitarias. El consejero saliente había invertido un enorme capital político en impulsar la Ley de Educación Superior Universitaria de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Con su destitución, el gobierno madrileño ha enterrado definitivamente este proyecto legislativo.
El ascenso de Mercedes Zarzalejo representa un viraje fundamental en la estrategia de gestión pública: pasar de la ambición regulatoria al pragmatismo financiero. La nueva prioridad declarada es establecer un modelo de financiación plurianual para las universidades públicas. Desde la perspectiva del liderazgo institucional, este es un movimiento de apaciguamiento sumamente efectivo. Los rectores universitarios, a menudo recelosos ante nuevas imposiciones normativas, suelen priorizar la previsibilidad presupuestaria que les permita planificar la contratación de docentes, la inversión en laboratorios y la modernización de sus campus.
El impacto en la Educación Secundaria y la resiliencia de los centros
A nivel de la educación obligatoria y postobligatoria, la caída del director general de Educación Secundaria introduce un factor de estrés adicional para los equipos directivos de los institutos. La gestión de un centro escolar es un ejercicio constante de traducción: los directores deben convertir las normativas autonómicas en prácticas pedagógicas concretas.
Cuando las normativas cambian o las directrices se vuelven difusas por la falta de liderazgo en las esferas superiores, el peso del sostenimiento del sistema recae casi exclusivamente sobre la resiliencia de los equipos directivos de cada escuela. Los líderes escolares se ven obligados a operar como «amortiguadores» (buffers), aislando a su claustro de profesores de la inestabilidad macro-política para garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se interrumpa. Esta crisis pone de manifiesto la urgencia de dotar a los directores de los centros de mayor autonomía de gestión, permitiéndoles mantener el rumbo de sus Proyectos Educativos de Centro (PEC) independientemente de los vaivenes en la capital administrativa.
Lecciones para el liderazgo educativo en Iberoamérica
El fenómeno de la «rotación de políticas» (policy churn) no es exclusivo de España. En gran parte de Latinoamérica, la altísima tasa de recambio de ministros de educación ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para la mejora de la calidad educativa. Los directivos y gestores en países como Perú, Argentina o Colombia conviven habitualmente con esta inestabilidad.
Lo que la crisis del gobierno de Madrid demuestra es que, incluso en sistemas con administraciones públicas teóricamente más robustas y consolidadas profesionalmente, el sector educativo sigue siendo altamente vulnerable a las lógicas del poder partidario. Para el liderazgo educativo, la gran lección es que la verdadera transformación no se sostiene únicamente desde los despachos gubernamentales, sino desde la consolidación de redes institucionales fuertes, claustros docentes comprometidos y una gestión de recursos eficiente que pueda sobrevivir al corto plazo de los ciclos políticos.
La gestión educativa de excelencia requiere políticas de Estado, no solo políticas de gobierno. Mientras la educación siga siendo utilizada como moneda de cambio en las crisis de gabinete, el esfuerzo de los profesionales de la enseñanza y la gestión escolar continuará enfrentando vientos en contra estructurales.
