El rol del miembro independiente en las Juntas Directivas de las instituciones educativas
Nueva columna sobre internacionalización de la educación en Gestión Educativa
Aunque no es una figura muy habitual en determinado tipo de colegios, cada vez está más presente la figura de reputados profesionales dentro de sus Juntas Directivas en calidad de miembros independientes. Obviamente ese rol puede estar delimitado a una mera presencia consultiva donde sus opiniones puedan ser tenidas más o menos en consideración, o bien contar con un peso específico en el proceso de toma de decisiones, lo cual dotará – en teoría – de un doble elemento enriquecedor para la marcha del colegio: conocimientos técnicos e independencia.
Y digo en teoría porque tampoco hay que pasar por alto que muchas veces esos profesionales son escogidos por razones muy variopintas que, sin poner en tela de juicio la experticia, nombre o trayectoria del miembro en cuestión, no supone el valor añadido que debe aportar a la marcha de la institución educativa. Como reitero muchas veces, un colegio es un ecosistema complejo que cada vez más debe ser gestionado como una auténtica empresa, con la particularidad de que confluyen elementos, intereses y aspiraciones diversas en una comunidad heterogénea compuesta por familias, estudiantes, profesores, personal administrativo, e incluso antiguos alumnos, que deben estar focalizados y coordinados para conseguir los objetivos fundacionales cumpliendo un proyecto educativo que emana de la propiedad del colegio y que debe reflejarse con un impacto en la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, y debido a esa complejidad, el contar con una mirada aséptica e independiente en la multitud de procesos que rodean a un colegio siempre será un ejercicio útil que necesariamente provocará un efecto positivo en la gestión.
Pero, ¿cuál es el problema que se puede llegar a plantear con estos miembros? De hecho, son varios. El primero de ellos es que sean contratados por una cuestión de cercanía, familiaridad o amistad con alguno de los propietarios del colegio, lo cual ya desestima esa necesidad de independencia exigible. En segundo lugar, que puede o no complementar la primera, es que se contrate por una cuestión de nombre o prestigio, lo cual puede ser muy interesante en términos de visibilidad de la institución, internacionalización, relacionamiento, etc, pero realmente irrelevante a la hora de generar mejoras en los procesos. Y ahondando más en este segundo aspecto, muchas veces los socios pecan de un sesgo cognitivo de confirmación, por lo que buscan a esos profesionales independientes con el propósito de que les den la razón en todas las acciones y/o decisiones que tomen, y eso también es nocivo para la marcha de la institución – e incluso del prestigio del asesor – ya que no hay una verdadera coherencia y verosimilitud entre las opiniones. Ya, como tercer aspecto, tenemos el hecho de que la Junta debe ser consciente del tipo de asesoramiento del que pretende tener esa visión objetiva: ¿finanzas?, ¿relaciones públicas?, ¿gestión de recursos humanos?, ¿tecnología?, ¿metodología?, ¿bilingüismo? Todos y ninguno. Dependerá de la necesidad del centro el contratar o contar con un profesional (o varios) experto en uno u otro campo, siendo de gran sinergia acertar y un esfuerzo – y un gasto – el fallar en dicha contratación. Además, ello puede suponer interferencia en otras áreas y, lo que es peor, crear duplicidades o espacios vacíos en la toma de decisiones que necesariamente afectará a la marcha del colegio.
Por lo tanto, considero que el aporte que puedan hacer miembros independientes en una Junta es muy enriquecedor si se tiene en consideración lo siguiente:
- Realmente deben ser independientes: por proximidad o conocimiento con la propiedad, o simplemente por una cuestión de supervivencia, es humano que el miembro de la Junta no quiera complicarse la vida y adopte una postura pasiva tendente a reforzar la opinión de los socios complementándola con datos y aspectos más técnicos, pero sin realmente dar ese plus de objetividad que es lo que realmente dota de valor a su rol.
- Deben ser técnicas y circunscritas a sus áreas de experticia: Es muy habitual que un miembro de Junta Directiva termine opinando de todo, incluso de temas que ni controla ni tiene experiencia en ellos. Si eso ya es peligroso de por sí en el caso de participación consultiva, lo es mucho más cuando su aporte conlleva un derecho de voto o de toma de decisión.
- Complementando lo anterior, y salvo que las reuniones de Junta tengan una periodicidad alta, el miembro de la Junta debe ser consciente de que no tiene conocimiento de toda la operativa de procesos del centro educativo, por lo que sus lineamientos deben ser más de índole estratégica, de formulación de proyecciones, de recomendaciones generales, etc, sin caer en la tentación de entrar en particularidades que desconoce. Más allá de ello, y llegado el caso, recabar toda la información posible para, en caso de intervención más profunda, llegar a tomar determinaciones con todos los datos en la mano.
En definitiva, y como todo en la vida, es una cuestión de oportunidad, racionalidad y optimización de los recursos; es decir, saber que la incorporación de esos elementos serán de beneficio para la construcción de conocimiento en la gestión, y que a partir de esa visión ajena a los intereses empresariales, se puede lograr esa “voz de la conciencia” que deberá, ajena a personalismos, amores y odios, poner el foco en procesos efectivos de gestión para lograr que el colegio pueda tener una plasticidad y quedar siempre en una posición de excelencia y de vanguardia.
