Provincia de Buenos Aires emite orientaciones a directivos para contener la violencia simbólica y preservar la convivencia
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense instruye a la red de escuelas sobre cómo actuar ante la aparición de mensajes intimidatorios, priorizando el cuidado institucional y la mitigación del temor. Un desafío clave para el liderazgo directivo y la comunicación estratégica en tiempos de alta sensibilidad social.
La escuela contemporánea, en su rol de principal caja de resonancia de las tensiones sociales, enfrenta hoy desafíos que exceden con creces la gestión puramente pedagógica o administrativa. Los recientes episodios registrados en la provincia de Buenos Aires, caracterizados por la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en diversas instituciones, han puesto a prueba los reflejos del sistema educativo más grande de la Argentina. Frente a este escenario, que amenaza directamente la convivencia y el bienestar de la comunidad, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) ha emitido este 17 de abril de 2026 un conjunto de orientaciones dirigidas a los equipos directivos, vehiculizadas a través de la Dirección de Inspección General y las Jefaturas Regionales y Distritales.
La decisión de la cartera educativa bonaerense trasciende la mera notificación administrativa; se constituye como una intervención de política educativa orientada a la gestión de crisis. En el ámbito de la gestión escolar, la irrupción de amenazas anónimas o mensajes de odio en el espacio físico de la escuela genera una disrupción inmediata del clima de aprendizaje. El miedo, como emoción colectiva, tiene un efecto paralizante que fractura la confianza, un activo intangible pero fundamental para el sostenimiento de cualquier proyecto educativo. En este sentido, el documento enviado a las escuelas busca ofrecer un andamiaje para que los directores y directoras no enfrenten la coyuntura en soledad, sino respaldados por un marco de acción institucional claro.
El rol del liderazgo escolar frente a la intimidación
Para los equipos de conducción, gestionar el miedo de una comunidad es, quizás, una de las tareas más complejas del liderazgo escolar. La Directora General, Flavia Terigi, ha sido enfática en el abordaje requerido: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”. Esta declaración subraya una competencia directiva crítica: la capacidad de mantener el temple y operar como un ancla de racionalidad en medio de la incertidumbre emocional de familias, estudiantes y docentes.
La «serenidad» a la que apela la política pública no implica pasividad, sino una acción reflexiva y protocolizada. En términos de gestión educativa, significa activar los comités de crisis internos, articular con los supervisores (inspectores) de manera ágil y diseñar una estrategia de intervención que contemple tanto la seguridad física como la contención psicológica. La escuela debe reafirmarse simbólicamente como un territorio seguro, y esa reafirmación depende, en gran medida, de la postura comunicacional y operativa que asuma el equipo directivo desde el primer minuto en que se detecta la vulneración del espacio escolar.
Contención institucional y la trampa de la viralización
Uno de los puntos más agudos y estratégicos del comunicado emitido por la DGCyE radica en la indicación expresa de «evitar la reproducción o viralización de los mensajes». En la era de la hiperconectividad, una pintada en el muro de una escuela puede convertirse en un fenómeno de pánico moral a nivel provincial en cuestión de horas, impulsado por la circulación de imágenes en grupos de WhatsApp de familias o redes sociales de los propios estudiantes.
Terigi advirtió que «es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación». Desde la perspectiva de la comunicación de crisis institucional, esto representa un lineamiento técnico impecable. Amplificar la amenaza es, en esencia, cumplir el objetivo de quien la perpetró: generar terror y desestabilizar la institución. Los líderes educativos se encuentran aquí con el complejo desafío de informar a la comunidad sobre lo sucedido para mantener la transparencia, pero sin reproducir el contenido tóxico ni el tono alarmista. La gestión de la información dentro de la escuela debe ser asimétrica respecto al ruido exterior: debe primar el dato objetivo, las medidas de cuidado adoptadas y la reafirmación de la continuidad pedagógica.
Reconfigurar los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC)
Más allá de la respuesta reactiva inmediata, el abordaje propuesto desde las autoridades provinciales pone el foco en la dimensión preventiva y formativa. El comunicado refuerza la importancia de sostener espacios de diálogo, involucrando a toda la comunidad para promover prácticas que fortalezcan el respeto mutuo. Para un director o un supervisor, esto se traduce en reactivar y poner en tensión los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC).
Los episodios de violencia simbólica o amenazas externas obligan a revisar cómo se están tejiendo las relaciones dentro de la escuela. ¿Existen canales de escucha activa reales para los estudiantes? ¿Cómo se están gestionando los conflictos subyacentes que podrían estar derivando en este tipo de expresiones anónimas? La gestión de la convivencia no es un reglamento estático, sino una práctica cotidiana. En este marco, el «trabajo conjunto entre escuelas y familias» mencionado por las autoridades deja de ser un cliché para convertirse en una barrera de defensa indispensable. Una comunidad de padres y madres informada, serena y alineada con la conducción escolar es el mejor escudo contra la desinformación y el pánico.
Implicancias sistémicas y la continuidad pedagógica
Finalmente, la situación en Buenos Aires refleja una tendencia preocupante que observamos en diversos sistemas educativos de Latinoamérica: la escuela absorbiendo los niveles crecientes de violencia y polarización social. Para los hacedores de políticas públicas y los decisores del sistema, el desafío es garantizar que los equipos directivos cuenten con las condiciones materiales, legales y formativas para hacer frente a estas crisis.
La DGCyE reafirmó su compromiso con el cuidado colectivo y la «continuidad pedagógica». En última instancia, la respuesta más contundente de la gestión educativa frente a la intimidación es garantizar que la escuela siga funcionando, que el aprendizaje no se detenga y que el derecho a la educación se ejerza en un entorno seguro. La resiliencia institucional no se decreta; se construye día a día a través de un liderazgo directivo firme, una supervisión presente y políticas públicas que respalden el accionar territorial de quienes habitan y sostienen la escuela.
